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¿Un Plan Marshall en español?

Una de las más perdurables secuelas de la pandemia del COVID-19 no será de naturaleza médica sino económica. La virtual parálisis de la actividad productiva profundizó las disparidades económicas a niveles no vistos desde la Gran Depresión. Como resultado, los trabajadores hispanos sufren ahora el peor nivel de desempleo de la historia, del 18.9 por ciento, por encima de cualquier otro grupo racial o étnico en Estados Unidos.


Es verdad que nuestro código postal es uno de los principales determinantes sociales de salud y ha contribuido a un desproporcional impacto del COVID-19 en latinos y otras minorías: tendemos a vivir en zonas densamente pobladas, a gastar más del 50% de nuestros ingresos en vivienda y por lo tanto no tenemos recursos suficientes para prevenir o enfrentar retos de salud como la diabetes, la hipertensión o el asma.

Igualmente, los tipos de trabajos que realizamos la mayoría de los latinos y otras minorías -en la industria de la hospitalidad, las empacadoras de carnes, etcétera – han coadyuvado no sólo a multiplicar los contagios, sino a agravar los niveles de desempleo, que aún antes de la explosión de la pandemia han sido históricamente más altos que el promedio nacional.

De acuerdo con cifras de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC),  casi un 25% de los hispanos y afroamericanos están empleados en la industria de servicios, comparado con sólo 16% de los blancos no-hispanos. En otro sector crítico, el de la agricultura, los trabajadores hispanos representan el 57% de la planta laboral.

Es por ello una de las grandes paradojas de la actual crisis de salud pública que los hispanos y otros grupos de las minorías hagamos trabajos críticos y esenciales, donde el riesgo para nuestra salud es más alto que otros grupos, y resultemos con las tasas de desocupación laboral más altas, profundizando así la situación de desigualdad histórica de nuestras comunidades.

Son estadísticas cruciales que deben ser consideradas en el Congreso, conforme el Senado inicia esta semana la consideración de la nueva iniciativa de rescate económico. Los demócratas quieren una acción inmediata, esta misma semana, mientras que los republicanos son partidarios de aplicar el freno hasta completar la distribución de los recursos de los primeros paquetes de rescate.

Cuando no existe dinero para pagar la renta, comprar comida o medicinas, las soluciones cobran un especial sentido de urgencia. Los demócratas están inclinándose por un plan para dar a la mayoría de las personas $2,000 dólares al mes hasta que termine la emergencia.

Por supuesto que no es políticamente vendible un proyecto de ley que privilegie a un grupo étnico o racial sobre otro. Pero es hora de que cualquier nuevo paquete sea incluyente y generoso para TODOS los trabajadores esenciales, sin aplicar criterios artificiales de excluyan a unos, sobre todo a los más vulnerables. Es de elemental justicia hacia quienes arriesgan su vida todos los días.

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