La fiscalía señaló que encontró indicios del pago de sobornos por parte de Odebecht que alcanzaron el valor de cuatro millones de reales (unos 760.000 dólares) entre “diciembre de 2013 y marzo de 2014”, cuando Lula ya había abandonado el poder.
La Fiscalía brasileña presentó una nueva denuncia contra Luis Inàcio Lula da Silva por el supuesto lavado de sobornos pagados por el grupo de Odebrecht, en un caso relacionado con la operación anticorrupción Lava Jato, por la que el expresidente ya ha sido condenado dos veces.
El Ministerio Público Federal también incluyo en la querella al exministro de Hacienda Antonio Palocci, uno de los hombres más influyentes en los gobiernos de Lula (2003 – 2010) y al presidente del instituto Lula, Paulo Okamotto.
Los tres son acusados de un delito de blanqueo de capitales a través del Instituto Lula, ya que fue objeto de otras investigaciones en otros casos de corrupción, según la investigación, ese montante se disfrazó “en forma de donación filantrópica” para el Instituto Lula para el supuesto beneficio de líder del Partido de los Trabajadores.
“Los valores ilícitos fueron transferidos mediante cuatro operaciones de donación simulada, realizadas por el grupo de Obedrecht en favor del instituto Lula, cada una con valor de un millón de reales” (190.000 dólares), indicó el Ministerio Publico en la nota.
Esas comisiones ilícitas de Odebrecht tuvieron su origen, sostienen los investigadores, en los desvíos ocurridos en el seno de la petrolera estatal de Petrobras, y siguieron el mismo modus operandi que en otros casos similares ya juzgados en primera y segunda instancia.
El procurador Alessandro Oliveira destacó que la denuncia va acompañada de un “amplio conjunto de pruebas” que, según él, fundamentan los cargos formulados.
Lula de 74 años y en su defensa alega sufrir “persecución” judicial, ha sido condenado dos veces por corrupción y blanqueo de capitales en procesos relacionados con la Lava Jato, aunque actualmente responde en libertad tras haber pasado un año y siete meses en la cárcel.
La primera condena, de 8 años y 10 meses de prisión, ha sido ratificada en tercera instancia y aún falta el análisis del Supremo para que sea firme. La segunda fue ratificada por un tribunal de segunda instancia que aumentó la pena a 17 años y 1 mes de prisión.
Además, responde a varios procesos por casos similares vinculados también con la operación anticorrupción Lava jato, que desde 2014 investiga los desvíos en Petrobras y ha llevado a prisión a numerosos políticos y empresarios en Brasil.
