El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirma, sin señalar a nadie directamente ni aportar pruebas, que en su país “están pidiendo un golpe de Estado”.
El mandatario llegó hasta una comunidad en la capital salvadoreña para inaugurar un Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO) y recordó que en el Congreso, antes del 1 de mayo pasado, los partidos de la oposición “nos bloquearon los fondos” para la construcción de 60 de estos.
Agregó que esto se revirtió con la victoria de su partido, Nuevas Ideas (NI), en las elecciones de febrero pasado, en la que consiguió mayoría calificada.
“No tienen el poder de detenernos, aunque lo intentan a través de los medios de comunicación, a través de sus ONG de fachada, a través de sus amigos en la comunidad internacional, hasta están pidiendo un golpe de Estado”, dijo.
Agregó: “Como no pueden ganar por la vía democrática, tienen que ganar por la vía antidemocrática y lo extraño es que mucha gente que dice que defiende la democracia, lo que defiende son los golpes de Estado, que no hay nada más antidemocrático que eso”.
“Si no les gusta el Gobierno, pues compitan en las elecciones, ofrézcanle algo mejor que lo que ofrecemos nosotros al pueblo y el pueblo nos va a sacar en dos segundos”, agregó el mandatario, que recientemente cumplió la mitad de su mandato de cinco años.
Sostuvo que “no son capaces que alguien les crea una propuesta y entonces quieren recurrir a su amigos en la comunidad internacional”.
“Les dicen que aquí hay una dictadura, que aquí no hay democracia, que aquí la gente no se puede expresar, que aquí la gente no puede votar, que aquí la gente no puede hablar, que los periodistas están encarcelados en una burbuja invisible”, dijo el jefe de Estado salvadoreño.
Aseguró que “la realidad es que aquí cada quien dice lo que quiere”, “los periodistas publican lo que quieren” y “nadie les prohíbe vender sus periódicos”.
En los últimos meses, el país ha registrado marchas con miles de salvadoreños que protestan contra decisiones del gobierno, como la adopción del bitcóin y la supuesta falta de independencia entre los poderes del Estado. En estas marchas no se han visto peticiones de un golpe de Estado.
La actual Asamblea Legislativa ha sido cuestionada por la comunidad internacional por la decisión del 1 de mayo, cuando llegaron los nuevos diputados y su primera acción fue cesar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al entonces fiscal general, Raúl Melara.
De acuerdo con Estados Unidos, los abogados que sustituyeron a los magistrados y que meses después avalaron la reelección presidencial inmediata al cambiar un criterio jurídico, son “leales”
