Cientos de afectados por el derrame de petróleo ocurrido hace dos meses en las costas de Lima pidieron al Gobierno de España que interceda para que se les otorgue “un trato justo” tras el accidente originado en la refinería La Pampilla, que opera la española Repsol.
“Pedimos a España que interceda y tome cartas en el asunto”, declaró a Efe el presidente del sindicato de Pescadores Artesanales de la localidad portuaria norteña de Chancay, Zenón Gallegos, durante una manifestación frente a la embajada española en Lima.
Los participantes en la protesta, producida justo dos meses después del derrame, reclamaron responsabilidades a Repsol, así como a los Gobiernos de Perú y de España, ya que aseguraron no haber recibido un trato justo desde que ocurrió el accidente.
“Nosotros somos pescadores peruanos y nos merecemos una dignidad y respeto”, remarcó Gallegos.
Unas trescientas personas afectadas provenientes de Chancay, ciudad pesquera y turística a unos 80 kilómetros de Lima, se concentraron frente a la embajada para asegurar que apenas trabajan desde hace dos meses por las consecuencias del derrame y se ven frustrados por la ausencia de las autoridades peruanas.
Gallegos aseguró que un convenio que plantea Repsol para entregar indemnizaciones tiene términos que no les benefician, ya que la empresa no se hace responsable del accidente, si no que culpa al buque implicado en la descarga del combustible, algo que los pescadores consideran que puede perjudicarles en el futuro.
“Repsol por qué abusas con mi necesidad” o “Repsol escucha, Chancay está en lucha”, fueron algunos de los lemas coreados por los pescadores artesanales, vendedoras y fileteadoras de pescado o sombrilleros de Chancay, que se quejan de que las ayudas económicas no les han llegado o son insuficientes, y que el gobierno peruano “no les hace caso”.
“No nos han dado ningún bono y desde que pasó el accidente no estamos trabajando, porque el puerto sigue cerrado, porque nadie quiere comprarnos pescado, por eso venimos aquí”, dijo Aurora, una vendedora de pescado en el puerto de Chancay.
Johny, un pescador artesanal, aseguró que siguen “sin poder salir a pescar” y que los bonos de apoyo social “no alcanzan para nada”.
“¿Quién va a vivir con 500 soles (unos 130 dólares) al mes?”, indicó en referencia a los bonos canjeables en supermercados que se han entregado a personas que vieron alteradas sus fuentes de ingresos por el vertido del crudo.
El 4 de marzo Repsol firmó un acuerdo con el Gobierno de Perú que plantea beneficiar a más de 5.000 afectados, que serán identificados por un censo que hará el Instituto Nacional de Defensa Civil, para recibir ayudas de hasta 3.000 soles (800 dólares) por familia.
Hasta el frontis de la embajada, situada en el barrio financiero de San Isidro, también llegaron integrantes de otros sectores que indirectamente viven del turismo y de la actividad pesquera en Chancay que, según dijeron, siguen paralizados.
Repsol informó, en su último comunicado, que ya registraba un 92 % de avance en su cronograma de limpieza y acciones de primera repuesta frente al derrame en el mar y playas de Lima y el Callao.
