El Senado de Chile ratificó el Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el único del mundo orientado a proteger a los activistas ambientales.
Con 31 a favor, 3 en contra y 11 abstenciones, el pleno del Senado dio luz verde a este proyecto, que el actual Gobierno, del progresista Gabriel Boric, solicitó en marzo debatir con urgencia.
“Esta es una votación histórica. Como representantes del Estado de Chile estamos contentos, es un hecho histórico porque Chile vuelve con fuerza al multilateralismo en tiempos en que está puesto en duda, en tiempos de guerra y crisis climática”, afirmó la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, a la salida de la sesión en el Senado.
“Este es un acuerdo de cooperación y solidaridad entre estados frente a una grave crisis climática y de derechos humanos”, afirmó “Chile va a ser parte de un acuerdo cuyo eje central es la cooperación en un continente fragmentado y golpeado por la crisis climática”, añadió.
“Es fundamental que un país como Chile, con una institucionalidad medioambiental robusta, coopere con estados que no la tienen, así como requerimos de practicas en defensa de defensores de derechos humanos. Defender derechos es parte esencial de una democracia, por el derecho a defender derechos, gracias a todos los senadores y senadoras”, agregó.
“Este es un momento para festejar que volvemos al multilateralismo, porque muy particularmente, por las crisis que estamos enfrentado, es que las soluciones se tienen que tomar de manera mancomunada”, señaló la ministra de Medioambiente, Maisa Rojas.
“Nadie puede resolver la crisis climática o de biodiversidad solo, o lo resolvemos juntas o no dejamos a nuestros hijos un planeta que sea habitable. Con este tratado se fortalece la democracia ambiental, nos da herramientas para cristalizar el compromiso del presidente Gabriel Boric de que este sea el primer gobierno ecologista del país”, resaltó Rojas.
Chile se convierte así en el país número 13 en ratificar el acuerdo después Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay.
Originalmente 24 los países que firmaron esta alianza, que pretende garantizar el acceso a los derechos medioambientales y proteger a los activistas medioambientales y la biodiversidad en tiempos de emergencia climática.
La participación de Chile en el pacto, impulsado tras la Conferencia de Naciones Unidas sobre el desarrollo Sostenible de 2012, fue planteada por el primer Gobierno del conservador Sebastián Piñera (2010-2014), pero fue desechada durante su segundo periodo como jefe de Estado (2018-2022) por presiones de la industria y la minería.
Una semana después de asumir la presidencia, el pasado 11 marzo, Boric firmó la propuesta de adhesión al tratado internacional.
Esta iniciativa va en la línea con el programa de gobierno propuesto por Boric, un ex líder estudiantil que impulsa una agenda con acento ambientalista.
El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo del mundo orientado a proteger a los defensores ambientales, siendo América Latina la región más mortífera para estos activistas, según la ONG Global Witness.
