Pónganse cómodos que acá les cuento el último chisme caliente de El Salvador, porque la cosa está de novela. El régimen de excepción que empezó en marzo de 2022, bajo el mando de nuestro presidente Nayib Bukele, ha dejado un reguero de problemas, y no precisamente de los buenos. Aquí la vaina es que han agarrado parejo y no se han salvado ni los niños, niñas y adolescentes de las comunidades más fregadas del país. Sí, como lo leen, los chamacos han terminado en el ojo del huracán.
Resulta que, según un informe de 114 páginas de Human Rights Watch, que se podría resumir en un “¡ay, mamá!”, los policías y soldados han hecho redadas como si no hubiera un mañana y han metido al bote a más de 80.000 personas. Entre estos, unos 3.000 chiquillos que, en vez de estar pensando en la tarea, han tenido que aguantar las de Caín. Y no, no es por ser parte de la Mara Salvatrucha o algo así, sino porque los agarraron al vuelo, sin ton ni son, y les han dado más palo que a piñata en cumpleaños.
La cosa es que estos menores han pasado por unas de película de terror: hacinados, sin comer bien, sin médicos, sin abogados y algunos hasta compartiendo celda con adultos. ¡Un desmadre total! Algunos hasta han sido torturados para que confiesen que son mareros, ¡así como lo oyen! Y las autoridades, bien gracias, ni se inmutan. Uno de estos casos fue el de un cipote de 16 años de Sensuntepeque, a quien agarraron después de jugar un partidito de fútbol. Lo desnudaron, le quemaron el torso y le sacaron una confesión a punta de encendedor. ¡Ni en la peor pesadilla!
Y eso no es todo. Las cortes están más saturadas que el tráfico en hora pico y han condenado a más de 1.000 chavales, a veces por delitos tan vagos como “agrupaciones ilícitas”. Imagínense, todo basado en chismes de testigos anónimos. Y ni chance les dan de defenderse. Un caso que nos dejó con el ojo cuadrado fue el de una chica de 17 años de Sonsonate, que la agarraron sin orden de arresto y la obligaron a declararse culpable junto con otros niños por miedo a condenas más largas. Así, por las puras ganas.
A esto súmenle que las condiciones en los centros de detención son una porquería. Los bichos, que ya bastante tienen con lo que viven en sus comunidades, están siendo maltratados y alejados de sus familias por semanas o meses. La deshumanización total.
Human Rights Watch le pide al gobierno que se ponga las pilas y revise estos casos, sobre todo de los menores, y que se centre en los verdaderos cabecillas de las pandillas. Además, hacen un llamado a que se tomen en serio la creación de programas que protejan a los chamacos de las maras y les den oportunidades reales de salir adelante. Porque, al final del día, la privación de libertad debe ser el último recurso y no la norma.
El informe también hace un llamado a la comunidad internacional para que no le quite el ojo de encima a El Salvador y presione para que se respeten los derechos humanos. Así que, mientras seguimos esperando que esto mejore, los invitamos a no perder de vista la situación y a exigir que se respeten los derechos de todos, especialmente de nuestros niños y jóvenes. ¡Porque ellos son el futuro, compas!
