El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó una cruzada contra las grandes empresas a las que quiere aumentar el tipo impositivo del 21% al 28% y que busca extender al ámbito internacional con su propuesta de un impuesto mínimo global de sociedades presentada esta semana.
El nuevo plan trata de quebrar “la carrera a la baja”, en materia de impuestos corporativos a nivel internacional, en palabras de su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y establecer “sistemas fiscales estables y justos”.
Para eso, Yellen ya ha presentado una iniciativa al G20 (que aglutina a las principales economías avanzadas y en desarrollo) para establecer una tasa mínima global de sociedades del 21% y limitar las maniobras de evasión a través de paraísos fiscales.
Biden pretende aplicar un impuesto mínimo del 15% sobre los ingresos contables, los que reportan a los inversores, a diferencia de los ingresos que se reportan a las autoridades del país.
También fortalece la normativa para evitar las llamadas “inversiones fiscales”, mediante las cuales grandes empresas se fusionan en busca de radicar la sede en el país con un trato fiscal más favorable y canalizar hacia allí parte de los beneficios logrados en EEUU para reducir el pago de impuestos.
La apuesta de Biden ha sorprendido por su ambición, particularmente con la renovada voluntad de liderazgo internacional de Washington.
“Lo positivo también es el efecto de arrastre que esto pueda tener: la opción de armar un modelo fiscal en base a defender el valor económico real y no la competencia artificial y artificiosa por quien paga menos. Proteger antes el empleo que a los grandes inversores. Un cambio de 180 grados”, explicó Susana Ruiz, responsable de justicia fiscal de la ONG Oxfam.
Supone además revertir una de las principales herencias dejadas por su predecesor Donal Trump (2017-2021), quien hizo de los agudos recortes de impuestos uno de sus ejes en política económica con una reducción en la tasa a las corporaciones del 35% al 21%.
El debate pasará ahora al Congreso donde los republicanos ya han asegurado que si bien podrían apoyar la inversión en infraestructura, pero con un alcance más limitado, lo que no están dispuestos es aumentar los impuestos.
“Si podemos ponernos de acuerdo sobre cuál es la definición de infraestructura, puede haber un camino hacia adelante. Pero tiene que ser financiado de manera creíble, no a través de una completa eliminación de la reforma fiscal 2017”, señaló Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, en una rueda de prensa anterior.
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