Un ambiente hostil vivió la prensa salvadoreña en 2021 con ataques, espionaje y desacreditación a la labor periodística, lo que pone en riesgo derechos fundamentales en un sistema democrático como la libertad de prensa y el acceso a la información, según señala un informe presentado.
“Libertad de prensa y acceso a la información pública en El Salvador”, elaborado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), identifica vulneraciones y dificultades experimentadas por periodistas en 2021.
Ataques a periodistas, progresiva ocultación de la información pública, espionaje e intimidación son las principales situaciones documentadas en ese informe.
Funcionarios del Gobierno y el propio órgano Ejecutivo son los señalados, según el documento, por cometer la mayoría de ataques.
El informe indica que el ejercicio de la libertad de prensa enfrentó restricciones durante 2021, “caracterizándose por ataques a la labor periodística, la falta de acceso a la información pública y el espionaje”. El ataque a los periodistas “ha sido una constante durante el periodo de estudio”, apunta.
De igual modo, señala el documento, “ha sido recurrente la desacreditación a periodistas y medios de comunicación que cuestionan de manera crítica la gestión gubernamental”.
Según información de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), entre 2019 -año en que tomó posesión la actual administración del presidente Nayib Bukele- y 2021 se registraron 421 agresiones en contra del sector periodístico.
La Apes detalla, de acuerdo con el informe, que al cierre de 2019 se registraron 77 casos de agresiones a periodistas, en 2020 se contabilizaron 125 vulneraciones y en 2021 el número de casos ascendió a 219. Así, el incremento porcentual de 2019 a 2021 fue de un 184 %.
“Esta amalgama de sucesos permite evidenciar que existen graves afectaciones a la libertad de prensa”, subraya el informe.
La investigadora Carla Quinteros apuntó que El Salvador está en una “fase crítica” porque existe una “criminalización y persecusión” a la labor periodística, a través de “discursos de odio y estigmas”, y ataques digitales provenientes, principalmente, de un “aparato gubernamental”.
El informe también destaca un escaso o nulo acceso a la información pública, lo que afecta directamente a la población “dado que no pueden acceder a datos o estadísticas que permitan dimensionar la realidad en la que vive”, manifestó Quinteros.
“No hay acceso a la información, por ende los periodistas no pueden generar notas periodísticas o de investigación y la población no está realmente consciente de lo que está sucediendo en el país y no pueden ejercer su derecho a informarse”, expuso.
Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, sostuvo que la información pública es “un instrumento para promover la participación ciudadana”.
“Sencillamente, sin información no hay participación ciudadana efectiva el acceso a la información pública también permite examinar las acciones del Gobierno y constituye una base necesaria para el debate”, aseguró Serrano.
Además, destacó que el acceso a la información “desempeña un papel importante en la reducción de la corrupción”.
El informe del Observatorio obliga a concluir que la democracia en El Salvador “está enferma”, dijo el vicerrector de Proyección Social.
“Hay un ambiente hostil para los periodistas, que se expresa en el ataque permanente de funcionarios del Gobierno a la prensa salvadoreña y donde se tiende a difundir en redes sociales, especialmente, mensajes de odio y estigmatización”, añadió.
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