Vale, vamos al punto: el presidente Donald Trump anunció este martes que las fuerzas de Estados Unidos atacaron y mataron a seis personas al hundir lo que él asegura era una lancha dedicada al tráfico de drogas en el Caribe. El propio Trump publicó un video corto del impacto en su red social —ese video que dura 30 segundos y que más parece tráiler que prueba— y lo acompañó con palabras duras: “los narcoterroristas no tienen lugar en el mar”.
Según lo que contó la Casa Blanca y compartió el propio mandatario, esta embarcación era parte de una ruta usada por redes de narcotráfico vinculadas a organizaciones que Washington considera terroristas. En concreto, el Gobierno norteamericano ha incluido al Tren de Aragua (un grupo vinculado a criminalidad venezolana) en su lista de organizaciones terroristas, y Trump sostuvo que la operación fue para frenar a “narcoterroristas” en aguas internacionales. Aseguró también que no hubo bajas entre militares estadounidenses.
Contexto breve y crudo: desde el 2 de septiembre se han producido al menos cinco ataques similares a embarcaciones en la zona, con un total de al menos 27 muertos. El video compartido por Trump muestra una embarcación en alta mar que recibe un impacto y estalla; fuera de eso, los detalles oficiales siguen siendo escasos: no han dado identidades, ni nacionalidades, ni pruebas públicas claras sobre qué droga iba a bordo o cómo se supo la vinculación con carteles.
Y claro, esto no quedó sin respuesta ni sin polémica. Hay voces que aplauden la mano dura contra el narcotráfico; otras, en cambio, ponen el grito en el cielo por la legalidad y el precedente. Expertos en derecho y política exterior se preguntan si lanzar ataques letales en aguas internacionales contra civiles o presuntos traficantes respeta las normas internacionales y si, de paso, no empuja al país hacia un conflicto armado ampliado contra los carteles. El Pentágono ha informado al Congreso que, según la administración, EE. UU. está implicado en “un conflicto armado” con organizaciones narcotraficantes —una caracterización que para muchos es problemática y que abre la puerta a más acciones.
Del lado venezolano, Nicolás Maduro no lo tomó a la ligera: ha dicho que la campaña estadounidense tiene también un objetivo político —derrocarlo— y critica las acciones. Mientras tanto, Washington no se queda corto: mantiene un submarino nuclear, ocho buques de guerra y más de 2.000 efectivos en aguas caribeñas, y Trump ha insinuado que la “segunda fase” de la campaña podría incluir operaciones en tierra, aunque no dio detalles.
Para rematar: la Casa Blanca defiende la legitimidad de los golpes y afirma que protegen intereses de seguridad nacional; los críticos piden transparencia, más vigilancia legal y menos ráfagas mediáticas en redes. En un asunto tan delicado —muertes en alta mar, acusaciones contra grupos delictivos y posible escalada regional— la falta de información pública y verificada es lo que más inquieta a gobiernos, analistas y organizaciones internacionales.
