El contrabando de vehículos es un problema de larga data que afecta a las economías de Bolivia y del vecino Chile, la puerta de ingreso para esos motorizados que siguen su camino por vías ilícitas hasta territorio boliviano, algunos provenientes de ultramar y otros robados en el norte chileno.
Entre enero y julio de este año fueron incautados en Bolivia 1.687 vehículos indocumentados, la mayoría de ellos en la región andina de Oruro (515) y en La Paz (494), con una afectación al contrabando por el equivalente a unos 35,5 millones de dólares, según un detalle proporcionado por la Aduana Nacional.
Aquellos motorizados que logran burlar los controles circulan luego sobre todo en las poblaciones fronterizas bolivianas, muchos sin papeles ni placas de control y otros con documentos “alterados”, es decir, clonados.
La preocupación es constante, con mayor fuerza cuando surgen voces de gente que compró estos vehículos, en Bolivia, y que reclama amnistías para su “nacionalización” o regularización.
Se desconoce la cifra exacta de vehículos “chutos” que circulan actualmente en Bolivia. Los cálculos más moderados hablan de 200.000 unidades, pero el sector importador asegura que son más de 500.000, el gerente general de la Cámara Automotor Boliviana (CAB), Luis Orlando Encinas.
“No es a nosotros a quienes están afectando directamente los importadores ‘chutos’. Es un problema y un daño a todo el Estado boliviano”, manifestó Encinas.
Según el empresario, anualmente se importan por la vía legal entre 50.000 a 60.000 vehículos, por lo que una eventual “nacionalización” de ese medio millón de autos equivaldría a las importaciones de una década.
Quienes pedían la amnistía para legalizar unos 200.000 vehículos indocumentados calculaban que el Estado boliviano obtendría por ello unos 280 millones de dólares.
Para Encinas, ese monto no supone beneficio alguno, teniendo en cuenta que el país debe importar diésel y gasolina para cubrir su demanda interna con un gasto anual de entre 1.500 a 2.000 millones de dólares, y que luego esos combustibles se venden a precios subvencionados por el Estado.
El empresariado privado en Bolivia y Chile remarca además que existe la figura penal de la “receptación” que sanciona a quienes venden o compran bienes robados.
La lucha anticontrabando en Bolivia detectó vínculos ocasionales entre narcotraficantes y contrabandistas que llegan hasta la frontera con Chile con pequeñas cantidades de droga para intercambiarla por vehículos indocumentados o robados, según Vargas.
Mientras que en el país vecino preocupa el creciente robo de vehículos alentado por el mercado hallado en Bolivia para esos motorizados, comentó el secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), Diego Mendoza.
Según Mendoza, en el norte de Chile “ha aumentado muchísimo la delincuencia asociada al robo de vehículos, incluso nuevos que todavía no logran tener su placa patente instalada,” y que son llevados a Bolivia, donde ya resulta complicado recuperarlos.
Para Mendoza, “las leyes hoy día están dictadas, lo que falta hacer es que se cumplan” en ambos países y para ello consideró importante la cooperación entre Gobiernos.
“El Gobierno ha venido planteando que a través de la Cancillería se establezca una agenda bilateral con Chile para tocar de una manera general el tema del contrabando y en particular el tema de los vehículos indocumentados que están llenando nuestro país y están afectando la economía”, manifestó por su parte Vargas.
