Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente colombiano, Gustavo Petro, y detenido desde el pasado sábado, aceptó colaborar con la Justicia y revelar hechos de corrupción de los que tiene conocimiento, durante la audiencia de imputación de cargos celebrada en Bogotá.
“Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la Justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino”, manifestó Petro Burgos en la audiencia.
La decisión de “iniciar un proceso de colaboración con la administración de Justicia”, en palabras de uno de sus abogados, José David Teleki, se tomó durante esta semana.
Vásquez, cuyas revelaciones a la prensa sobre los negocios del hijo del presidente detonaron el escándalo, ya había manifestado su disposición a colaborar con la Justicia para obtener rebaja de penas.
Por su parte, el fiscal primero delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Mario Burgos, que lleva la acusación, confirmó el acuerdo de colaboración y pidió que “se le refuerce la seguridad” a Petro Burgos, a su equipo de defensores y a Vásquez.
“Nicolás Fernando Petro Burgos, en compañía de su equipo jurídico, se acercó a la Fiscalía en aras de denunciar unos nuevos hechos de corrupción, denunciar unas nuevas personas que están inmersas en estos hechos de corrupción que son de su conocimiento exclusivo”, manifestó el fiscal.
El fiscal hizo un repaso de todas las cuentas bancarias de Nicolás Petro y sus saldos, cuestionando la suma de dinero que acumulaba y considerando que su única fuente de ingresos era como servidor público (diputado regional), que tiene un sueldo de “13 millones de pesos al mes (3.200 dólares al cambio de hoy)”.
Para justificar sus gastos mensuales, el detenido tendría que ganar unos 200 millones de pesos (casi 50.000 dólares) al mes, según los cálculos presentados por el acusador.
“Usted solo contaba para el 2022 con 280 millones de pesos (unos 70.000 dólares)” con su sueldo de diputado, “y a pesar de ellos sacó en efectivo unos 600 millones (cerca de 150.000 dólares) para la compra de una casa”, agregó el fiscal en la primera parte de la audiencia, en la que se centró en el posible delito de enriquecimiento ilícito, dejando para después el de lavado de activos.
